Pedro Corzo
La oposición venezolana
enfrenta un reto muy difícil, porque oponerse a un gobierno, sin importar sus
características es harto complicado, porque los que detentan el poder cuentan
con los numerosos recursos del estado para defenderse de los actos de quienes
quieren sacarlos del gobierno.
Por otra parte
sin excluir la importancia de los electores que respaldan la autoridad vigente,
siempre hay un núcleo duro que por su proximidad al gobierno está comprometido
en su defensa, porque ese status quo representa sus valores o intereses,
factores que con mucha frecuencia afectan
negativamente a la nación y como secuela a la población, incluyendo los
electores antes mencionados.
En consecuencia enfrentar un
régimen despótico con respaldo popular y amparado en una seudolegalidad, es infinitamente más complicado,
porque las acciones legales en contra de la autocracia pueden dejar de serlo y
el opositor, por voluntad del gobierno, se convierte en un transgresor de la ley que
termina en prisión, lo que a fin de cuentas favorece al gobierno.
Venezuela fue el
primer país del hemisferio en el que se
impuso a través del voto un régimen que usando recursos legales, modificó las
leyes e instituciones del país para exclusivo beneficio del ejecutivo.
Las propuestas
contaron con respaldo popular y con un notable apoyo en la clase dirigente,
empresarios, intelectuales y profesionales, porque atacaban problemas reales
del país que muchos ciudadanos deseaban resolver.
Hubo ciudadanos
que disintieron, que se percataron de los objetivos reales del nuevo brujo,
pero su prédica no fue escuchada y el país apoyo una nueva carta magna que daba
oportunidad a una especie de refundación de la nación al tener que elegir
nuevos poderes públicos sobre igualmente nuevos paradigmas legales.
La muerte de Hugo
Chávez no afectó el fortalecimiento del régimen, porque aunque está enfrentando
graves problemas, no es consecuencia de una labor efectiva de parte de la
oposición, sino por la ineficiencia y la corrupción existente en la clase dirigente
del gobierno.
El sucesor de
Chávez , Nicolás Maduro, un hombre con menos talento que su predecesor y con
mucho menos arraigo popular ha logrado mantener la unidad de todas las
facciones que sustentan su gobierno, y como colofón, los esfuerzos de la
oposición de restarle legitimidad a su mandato han fracasado porque su imagen
como gobernante legal de Venezuela se ha consolidado ante gobiernos extranjeros
y entre sectores de la
oposición que hasta hace muy poco lo acusaban de haber atropellado el estado de
derecho al asumir la primera magistratura del país.
Por todo lo antes
expuesto la oposición venezolana está a la vanguardia en la lucha contra el
Socialismo del Siglo XXI, porque no hay experiencias previas, al menos en
América Latina, de cómo combatir una dictadura de terciopelo que está
ahogando a la ciudadanía.
El régimen cubano
es una dictadura sin matices, pero el de
Venezuela aparenta que los ciudadanos pueden disentir, protestar y manifestarse
como lo estime conveniente en el marco legal existente, pero lo que sucede es que las
posibilidades de protestar se reducen hasta desaparecer porque las fuerzas
represivas amparadas en un poder judicial sometido al ejecutivo, actúan en base
a lo que la autoridad superior les dicte sin violar la legitimidad que el
gobierno se auto concede.
Sin dudas son los
venezolanos los que marcaran pautas en cómo enfrentar el despotismo electoral,
por lo que de hecho el país se ha convertido en un campo experimental en la
lucha legal y no violenta contra el Socialismo del Siglo XXI.
Los sectores de
la oposición entre los que subyacen diferentes puntos de vistas políticos y en
consecuencia intereses distinto, están obligados a concertar proyectos y
actuaciones que no permitan al gobierno su ilegalización, pero tampoco puede
hacer concesiones que la desdibujen y los lleve a perder su identidad.
Lo peor que
podría pasar con el tipo de oposición que se está practicando en Venezuela,
transparente y legal, es que sus líderes pierdan la confianza de la población,
que los electores que se oponen al régimen, pierdan las esperanzas y desistan
de participar en la reivindicación de sus derechos conculcados.
La diversidad en
la unidad es imprescindible. La lucha no violenta implica usar las leyes para
la demanda de los derechos. Recurrir
a los derechos que otorga la constitución nacional en lo que atañe a actuar
contra el gobierno sin violentar el estado, es una prerrogativa que implica
riesgos, que los lideres deben estar dispuestos a correr.
Si la oposición
venezolana logra instrumentar una estrategia exitosa contra el despotismo que
reina en su país, será un precedente valido que puede servir con las variantes
del caso, a los sectores que en otras naciones enfrenten dentro los márgenes
legales el Socialismo del Siglo XXI.