Uno de los
objetivos fundamentales para cualquier gobernante, en caso de que su país
enfrente un proceso de violencia domestica, es la búsqueda de la paz, un
reto que enfrenta el presidente Juan Manuel Santos, porque Colombia hace
décadas está inmersa en una crisis estructural en la que varios factores de la
sociedad, han recurrido a la violencia para acceder al poder o para simple y
llanamente enriquecerse, sin que tenga que mediar el trabajo y el talento.
Antes del Bogotazo, abril de 1948, el país había sufrido periodos de violencia como cualquier otro del continente, pero el desarrollo posterior de los sucesos condujo a la nación a una crisis en las que las guerrillas marxistas, paramilitares de extrema derecha y narcotraficantes, estuvieron a punto de constituirse en un estado independiente dentro del estado nacional.
Todas las partes involucradas en el conflicto recurrieron a la violencia extrema, en particular contra personas ajenas al conflicto.
Los narcotraficantes cometieron numerosos crímenes, aterrorizaron el país y facilitaron un proceso de corrupción que minó las bases políticas de la nación.
Las guerrillas, particularmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el más poderoso grupo irregular que ha existido en el país, son factores independientes a los anteriores, aunque con un prontuario tan criminal como los grupos previamente reseñados.
Las FARC como el resto de sus pares insurgentes, en su mayoría neutralizados a excepción el Ejército de Liberación Nacional, justificaron su actuar fuera de la ley y la violencia que practicaban, en el compromiso de constituir una sociedad más justa e igualitaria.
Pero tratar con las FARC implica un alto riesgo, porque sus comandantes han manipulado a su conveniencia todos los procesos de dialogo que han sostenido con diferentes gobiernos, pero aun así el presidente Santos, que conoce a fondo la realidad de su país, determinó negociar con las FARC y en La Habana, donde rige un gobierno aliado del grupo narco-guerrillero-terrorista, que debe estar espiando a los delegados del gobierno, e informando a sus cofrades de las FARC lo que estos han de tratar en privado.
Pero independiente a las conversaciones de Paz, hay hechos que llaman dramáticamente la atención, y es que las FARC, aunque en sus orígenes delinquió contra el estado por usar la violencia en su contra, en el transcurso de los años devino en una organización criminal y terroristas que violaba los derechos humanos, en particular el más sagrado de todos, el derecho a la vida.
El secuestro ha sido otra práctica de las FARC. Retener a cientos de personas contra su voluntad. Demandar rescate o exigir canjear a los individuos que tiene como rehenes.
Por último la vinculación de las FARC con el narcotráfico se inició en la década del 80 pero se fue fortaleciendo según los Carteles de Cali y Medellín fueron desarticulados, al extremo que según informaciones recientes los herederos de "Tirofijo" producen en Colombia el 50 por ciento de los estupefacientes y distribuyen el 60 por ciento del mismo.
La conclusión es difícil. Es necesaria la paz. Lograrla demanda concesiones de las partes. Las Farc son una fuerza real por eso el estado está en conversaciones, pero es imposible considerar que estos y otros crímenes queden impunes.
¿Es aceptable que los líderes de las FARC, se puedan transformarse en personalidades políticas legítimas que compitan libremente como ciudadanos que han respetado la ley, los bienes y las vidas de los otros?
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