Pedro Corzo
Aunque Venezuela se retiró
recientemente del CIDH hay que reconocer que el dirigente político que
más ha pugnado con esa entidad hemisférica, exigiendo su reforma y
traslado a otro país, ha sido el mandatario ecuatoriano Rafael Correa.
Correa, en representación de todos los
gobiernos integrantes de la Alianza Bolivariana de Las Américas encabeza desde
hace dos años una campaña contra la CIDH, entidad autónoma de la Organización
de Estados Americanos.
Correa y sus pares de Venezuela, Nicaragua,
Cuba y Bolivia, junto a las presidentas de Brasil y Argentina entre otros
gobernantes, han sido los principales promotores de una reforma de la entidad,
en la confianza de que los abusos en los que incurren contra sus ciudadanos, no
sean rechazados por el organismo.
Durante la 42 Asamblea General de la
OEA, Correa atacó a la CIDH y afirmo que “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está
totalmente influenciada por países hegemónicos, por el oenegeísmo (ONG)
y por los intereses del gran capital”.
Nicolás Maduro, que como presidente de Venezuela
hizo efectiva la voluntad de Hugo Chávez de separar el país del CIDH, declaró
en un encuentro internacional, era canciller entonces, en nombre de los
países del ALBA, que el Sistema Interamericano se había degradado al
igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Paradójicamente el propio secretario General
de la OEA, José Miguel Insulza, un aliado de quienes piden limitar la autoridad
de la CIDH, declaró que su intención es "darle certeza al sistema, en
ningún caso debilitarlo y abogó por fomentar una Comisión mucho más
flexible", por lo que cabe preguntarle a Insulza, si la flexibilidad
implica no irritar a los autócratas aun cuando lo ofenden, como cuando el
desaparecido Hugo Chávez manifestó que ignoraba al Secretario General y
calificó sus declaraciones de necias.
En consecuencia en la 42 Asamblea de la OEA, se
aprobó realizar cambios en el CIDH, decisión que se concretó por
unanimidad, posteriormente, tras un fuerte debate con los países del ALBA en
otra Asamblea.
Por suerte el fallo no afectó la capacidad de imponer
las medidas cautelares o de protección que emite el organismo, el propósito
principal de los gobernantes que procuran la reforma.
La realidad es que los gobiernos que buscan limitar la
actuación de la CIDH, es porque temen investigaciones independientes que
demuestren las violaciones a los derechos humanos en las que incurren y que se
dicten medidas cautelares que les impidan continuar con sus abusos.
Una de las secciones del CIDH más
atacada fue la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, que cuenta con más
fondos para trabajar porque acepta donaciones externas, condición a la
que Venezuela, Bolivia, Ecuador y
Nicaragua se oponen, lo que conduciría a su desaparición. Esta relatoría también ha sido muy
criticada por los países del ALBA.
La intención de limitar los ingresos del
CIDH a las fuentes internas, los estados miembros solo provee el 55 %,
implicaría según Tirza Florez, de la Asociación de Jueces por la Democracia de
la República de Honduras “que el CIDH perdería cerca del 45% de su
financiamiento, el cual proviene de fuentes externas”.
Instituciones como el Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional, en una carta suscrita por más de 400 organizaciones no
gubernamentales, señaló que "no se puede atropellar los principios en
función de coyunturas de corto plazo", Human Rights Watch, denunció
que algunos gobiernos quieren cercenar a la CIDH y algunas de sus relatorías,
como la de libertad de expresión.
Renzo Pomi, de Amnistía Internacional dijo, "Si los estados intentaran
imponer reglas y límites a una institución que crearon independiente, la
estarían condenando a la irrelevancia y negando a los habitantes de las
Américas la justicia que buscan, agrego que el sistema continental de derechos
humanos es "el orgullo de las Américas".
Luz Estela Castro del Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres dijo que “El doble discurso de los estados es
lo que está debilitando nuestro sistema”.
Otra declarante Viviana Krsticevic,
del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, señaló que "Algunas
de las propuestas puestas sobre la mesa suponen un retroceso y responden a los
intereses de los gobiernos pensados como litigantes, y no como defensores de
los derechos en una democracia" y apuntó “Esta coyuntura es una
de las más serias y graves que ha vivido el sistema interamericano en términos
del cuestionamiento a su legitimidad”.
Pero todas estas declaraciones y
muchas más que han sido omitidas por razones de espacio, no ejercerán ninguna
influencia si los gobiernos genuinamente democráticos del continente no
enfrentan a los despóticos, pero todavía será peor si cada ciudadano de América
calla ante la amenaza que pende sobre los derechos de todos.
