Investigar
e informar no le acarrea problemas a un periodista en una sociedad democrática,
pero cuando sus actividades las tiene que realizar bajo un régimen de fuerzas o
en medio de grupos irregulares que dirimen sus diferencias por medio de la
violencia extrema, el periodismo se vuelve un oficio particularmente
peligroso.
Bajo
esas circunstancias el ejercicio de informar está sujeto a las limitaciones que
imponen las diferentes fuentes de poder que en esa sociedad concurren,
por eso cuando los periodistas transgreden los límites que imponen los
poderosos, se convierten en el objetivo a destruir para los depredadores, sean
estos gobiernos o sicariatos.
Esto lo ejemplifican las
declaraciones en Honduras del presidente de la Sociedad Interamericana de
Prensa, SIP, Jaime Mantilla, que manifestó que las acciones del crimen
organizado, el narcotráfico, los gobiernos autoritarios y la impunidad, son las
mayores amenazas a la libertad de expresión en Latinoamérica.
Agregó, Mantilla,
"ahora más que nunca el narcotráfico y el crimen organizado atentan contra
la libertad de expresión, asesinando y amenazando periodistas".
Recientemente el director
para las Américas de Reporteros sin Fronteras, Benoit Hervieu, dijo
en Chile que la violencia física contra los periodistas y la elevada
polarización política, son las principales amenazas para la libertad de
información en el hemisferio.
Según informes de la Red de Intercambio Internacional por la Libertad de
Expresión en América Latina y el Caribe, más de 74 periodistas han
sido asesinados en el hemisferio entre 2010 y 2012, en ese periodo solo en
Honduras fueron muertos 21 periodistas, aunque otras entidades afirman que han
sido 35 las víctimas.
Situaciones extremas se han
presentado en México. Desde el año 2000 al presente han sido asesinados 103
periodistas. En Brasil desde 1992 a la actualidad, han matado, según el Comité
de Protección a los Periodistas, 27 comunicadores, once de los
cuales fueron muertos en los últimos tres años.
En Colombia, una de
las democracias más sólidas del continente pero agitada por la narco guerrillas
y otros grupos irregulares como los paramilitares, los periodistas han pagado
una alta cuota de sangre por defender su derecho a informar.
Una periodista
investigativa, Diana Calderón, reportó que entre 1993 al 2008, fueron
asesinados 127 periodistas, 57 de los cuales estaban vinculados a la práctica
profesional.
Otro informe del CPJ
denunció el asesinato de un voceador de un diario colombiano y el crimen de
Edison Alberto Molina, un abogado y político que conducía un programa en
el que denunciaba actos de corrupción gubernamental. Por su parte Reporteros
sin Fronteras solicitó al gobierno colombiano protección para Gonzalo
Guillén, León Valencia y Ariel Ávila por planes de asesinatos en su contra,
a la vez que demandaba que se investigara judicialmente la
conspiración criminal de la que son víctimas los comunicadores.
Más recientemente el Centro de Pensamiento Primero Colombia, avisó sobre el riesgo en que podría
quedar el director del portal Periodismo Sin Fronteras, Ricardo Puentes Melo, tras
la decisión oficial de retirarle el esquema de protección asignado por el
gobierno, ya que Colombia desde el año 2000 cuenta con un
Programa de Protección a los Periodistas y Comunicadores Sociales.
Según Primero Colombia, la organización que dirige Melo ha hecho graves revelaciones de la conducción política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que por ello le retiró la protección, situación que niega el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, quien declaró que las medidas se retiran cuando los estudios de un Comité especializado señalan que el riesgo ha desaparecido.
Según Primero Colombia, la organización que dirige Melo ha hecho graves revelaciones de la conducción política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y que por ello le retiró la protección, situación que niega el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, quien declaró que las medidas se retiran cuando los estudios de un Comité especializado señalan que el riesgo ha desaparecido.
Sin embargo Puentes Melo
afirma que su posición ideológica, las críticas al presidente Santos y en
particular la advertencia de que las FARC atentarían contra el presidente
Álvaro Uribe, determinaron el retiro de su protección.
Afirma Jaime Mantilla en su condición de presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa que los Estados son los responsables de garantizar la seguridad y la libertad de expresión, pero que muchos gobiernos no cumplen con sus atribuciones constitucionales , mientras Reporteros sin Fronteras afirma que "Los esfuerzos de protección no servirán de nada si no existe un dispositivo de lucha contra la impunidad a la altura de la situación actual", y recuerda que en los últimos tiempos se han multiplicado las amenazas, los ataques y los atentados contra periodistas, y también contra defensores de los derechos humanos, representantes sindicales y activistas de las comunidades".
Afirma Jaime Mantilla en su condición de presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa que los Estados son los responsables de garantizar la seguridad y la libertad de expresión, pero que muchos gobiernos no cumplen con sus atribuciones constitucionales , mientras Reporteros sin Fronteras afirma que "Los esfuerzos de protección no servirán de nada si no existe un dispositivo de lucha contra la impunidad a la altura de la situación actual", y recuerda que en los últimos tiempos se han multiplicado las amenazas, los ataques y los atentados contra periodistas, y también contra defensores de los derechos humanos, representantes sindicales y activistas de las comunidades".
Lo anterior lleva a una conclusión. Nuestras libertades y derechos están en peligro hasta en las democracias, ¿Qué vamos a hacer?
El periodismo. Oficio peligroso en América Latina
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