Pedro Corzo
Todos los sectores de la
sociedad venezolana desde hace años están reclamando acciones punitivas contra
los delincuentes sin que las autoridades les hubieran prestado la menor
atención, hasta que lamentablemente tuvo que producirse un homicidio de relieve
internacional para que el presidente Nicolás Maduro reconociera lo grave de la
situación y convocara a una reunión en la que propuso una lucha conjunta contra
el crimen, más la ejecución de un plan de pacificación.
El presidente Maduro y el
ministro del Interior, Miguel Rodríguez, declararon que la inseguridad era
también responsabilidad de todos los ciudadanos, un decir que sirve para
socializar la culpa y diluye el
compromiso del gobierno en una actividad de su incumbencia, por eso estuvo muy
acertado Gonzalo Himiob del Foro Penal Venezolano, cuando dijo “La seguridad es una competencia
exclusiva y excluyente del Poder".
Durante todos sus
gobiernos el desaparecido presidente Hugo Chávez, de quien Maduro fue el más
estrecho colaborador, restó importancia
a la espiral de violencia criminal que vivía el país, y hasta se podría decir
que la incentivaba cuando dijo en varias ocasiones que las diferencias sociales
eran la causa de la delincuencia, una afirmación que estimula la lucha de
clases y genera resentimiento, en el mejor de los casos, entre los sectores más
desposeídos y los pudientes.
Estas declaraciones de Chávez
fueron reiteradas recientemente por Elvis Amoroso, presidente de la Comisión de
Política Interior de la Asamblea legislativa de Venezuela, cuando afirmó que la
delincuencia fue originada por el sistema capitalista que atropelló y
destrozó a los jóvenes desde el punto de
vista social, y agregó que si se busca la causa fundamental de la delincuencia
esta se encuentra en el pasado.
El odio como factor de
lucha, como dijera Ernesto Guevara.
La violencia, tanto bajo
Chávez como de Maduro, al igual que las prebendas o favores del oficialismo
tanto a partidarios como funcionarios gubernamentales, han sido herramientas útiles para generar en
el país una situación de caos e inestabilidad que puede conducir a un sector de la sociedad, a una desesperanza
de futuro que solo beneficia a los que detentan el poder.
Varios son los
factores que inciden directamente en el incremento de la criminalidad, que las
autoridades han permitido crecer y fortalecer aparentemente con fines de
facilitar el control político, en estos últimos quince años.
Uno de ellos es el
abuso de palabra, la descalificación moral, la intimidación y las agresiones
físicas a quienes disienten del
gobierno. Exhortar al saqueo de los bienes de quienes no son leales al
gobierno, es incitar a la violación de los derechos de los otros y crear
condiciones para actos de mayor violencia.
También la impunidad
ha sido un incentivo para los delincuentes. Hay informes que mientras en el
país aumentan los homicidios disminuyen las detenciones, y que de los pocos
criminales que son capturados, el 91 por ciento es puesto en libertad, según la
ONG, El Observador Venezolano de Violencia.
Provea, otra organización no gubernamental
pero orientada a la educación y a los derechos humanos expuso en un informe,
“la impunidad es una de las mayores fallas del sistema de administración de
justicia en el país, ya que la no investigación y sanción a los responsables de
violaciones a los derechos humanos favorece la persistencia de las violaciones”
y agrega, persisten las ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas, y
violencia en las cárceles.
Otro factor, tal
vez el más importante, es la fragilidad del estado de derecho. Las autoridades
actúan al margen de sus propias leyes y decretan otras que violan derechos naturales
como el de la propiedad, lo que sirve de ejemplo para aquellos que consideran que
el control de la violencia es fuente de derechos.
En consecuencias no
se puede descartar que el incremento excesivo de la criminalidad en Venezuela
haya sido una estrategia de gobierno.
En las actuales
condiciones que enfrenta el país, una ofensiva contra la criminalidad demandara
medidas severas para llevar el orden a la sociedad, lo que evidentemente
repercutiría en la restricción de los derechos ciudadanos pero con el pretexto de
combatir la delincuencia, con la particularidad que como régimen despótico, cuando lo considere
conveniente situara fuera de la ley a la oposición política.
Regímenes como el venezolano que gustan
presentarse al mundo como gobiernos legítimos, tienen que amparar sus acciones represivas como reclamos de la
población contra quienes representan una amenaza, para lo que necesitan convencer
a los ciudadanos de que sus vidas y bienes están amenazados y así conducirlos a
reclamar del Gobierno, medidas restrictivas que en el momento adecuado pueden
ser utilizadas para cercenar sus derechos.
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